Inicia en Ecuador segundo ciclo de diálogo entre Gobierno colombiano y ELN

Galería

Esta galería contiene 1 foto

Resumen Latinoamericano/Sputnik, 16 de mayo 2017. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y las delegaciones del Gobierno de Colombia y del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) expresaron su intención de que la segunda ronda de negociaciones arroje resultados concretos … Sigue leyendo

La lucha de los trabajadores petroleros en el enclave de la Tropical Oil Company

Galería

Renán Vega Cantor, Luz Ángela Núñez Formación, cultura y resistencia (1920-1948) :: Ponencia presentada al Congreso latinoamericano y del Caribe “Trabajo y trabajadores: pasado y presente, 1500-2010” Esta ponencia reconstruye la historia de los trabajadores petroleros de la Tropical Oil … Sigue leyendo

Gustavo Petro: “La Colombia Humana significa transformaciones para la sociedad”

Galería

Esta galería contiene 1 foto

Resumen Latinoamericano / Colombia Informa / 29 de abril de 2017 El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, dictó una conferencia en Cúcuta el pasado 27 de abril, titulada “Economías Humanas en el Cambio Climático”, en la cual abordó el … Sigue leyendo

Colombia. “El extractivismo es absurdo social, ambiental y económicamente”

Galería

Esta galería contiene 1 foto

Pilar Chato, Paco Gómez Nadal-Colombia Plural / Resumen Latinoamericano / 15 de abril de 2017 Los daños ambientales y humanos del extractivismo no son “fallas del mercado”: son su esencia. El experto en ecología política, Joan Martínez Alier, advierte en … Sigue leyendo

“Camilo Torres fue reducido a la figura de cura guerrillero, era una estampita y no podías preguntar qué más había detrás”

Galería

Entrevistamos al Frente Unido de Investigación Independiente   Mario Hernandez Rebelión     -M.H.: Con los realizadores de la película acerca de la vida de Camilo Torres, compañeros del colectivo Frente Unido de Investigación Independiente, que vienen trabajando desde el … Sigue leyendo

Colombia. Comunidades de 8 municipios del Meta rechazan proyecto extractivista de Ecopetrol

Galería

Esta galería contiene 1 foto

Por Contagio Radio Las comunidades de los municipios de Guamal, Castilla, San Martín, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Granada y Acacias, evidenciaron su total rechazo al proyecto petrolera de Ecopetrol en el departamento del Meta. Así lo hicieron frente a … Sigue leyendo

Colombia: ¿Por qué se hace necesario correr la fecha de la dejación de las armas por las Farc?

Galería

Esta galería contiene 1 foto

Por Horacio Duque Giraldo / 24 de febrero de 2017 Las Farc han elevado una muy fundamentada petición para que el cronograma consensuado entre las partes sobre la dejación de las armas sea reorganizado en función de las nuevas circunstancias … Sigue leyendo

El tren de la Jurisdicción Especial para la Paz

Revista Insurreción

La jurisdicción especial para la paz (JEP) es fruto de la disputa política entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Así mismo se ha presentado como un balance entre el componente de Verdad y el de Justicia (para evitar el encarcelamiento), propio de cualquier proceso de paz. En esta disputa no solo los guerrilleros -que son quienes negocian con el Estado- recibirán este beneficio, la oligarquía, como siempre jugando sucio, hace de esta jurisdicción, el tren directo a la impunidad en el que se monten todos los responsables de sus crímenes.

Uno de los mayores reclamos de la ONG Human Right Watch a la JEP, es que esta tiene altos niveles de impunidad a costa de la verdad. Se refirió en varias ocasiones al tipo de responsabilidad penal que abría esta jurisdicción para los agentes del Estado. A estas denuncias se le suma otra intención de la oligarquía: juzgar delitos relacionados con la corrupción, el clientelismo y la parapolítica bajo este nuevo marco jurídico.

Como lo dijo el general Jaime Ruiz Barrera, la Jurisdicción especial para la paz “Es la mejor opción porque nos garantiza un blindaje hacia el futuro. Si nos acogemos a la justicia ordinaria qué garantías podemos tener por más que quede como norma al más alto nivel y entre al bloque de constitucionalidad”. Según este acuerdo de Justicia, en el caso de los Agentes del Estado que accedan al sistema procediendo de manera voluntaria a contar la verdad sobre delitos cometidos, se aplicarán sanciones entre 5 a 8 años y se otorgará la libertad condicional inmediata para quienes, al momento del proceso, ya hayan cumplido cinco años con privación efectiva de la libertad.

En el caso de los Agentes del Estado existe un tratamiento diferenciado llamado “renuncia a la persecución penal”, lo que significa que se extingue la acción, responsabilidad y sanción penal para los implicados. Es decir, que las personas condenadas por estos delitos al confesarlos quedan exoneradas de la responsabilidad del mismo, y una vez cumplida su sanción podrán continuar con un historial limpio dentro de instituciones del Estado colombiano. Esta herramienta elimina entonces, la responsabilidad del Estado como agente promotor y perpetrador de la guerra, encarnándola en agentes específicos del Estado “que se desviaron de su actuación como garantes de derechos” y no en el Estado mismo que ha utilizado una estrategia sistemática para la eliminación del pensamiento disidente en el país.

No contentos con esta oportunidad para incluir los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares en esta jurisdicción, ahora la clase política ha sacado a relucir la relación que con el conflicto armado tienen episodios desagradables para el país como la parapolítica y la yidispolítica. No bastó el proceso de Justicia y Paz que con un amplio margen de impunidad permitió la persistencia del paramilitarismo en la sociedad colombiana y por supuesto en la clase dirigente, para querer incluir las faltas graves del régimen en los acuerdos de la Habana.

La yidis-política que en su momento fue un escándalo nacional donde se demostró como las instituciones son utilizadas en favor de un sector político específico, en este caso la utilización del Congreso de la República para abrir la posibilidad de reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, ahora se presenta como un episodio relacionado con el conflicto armado que debe ser juzgado bajo la JEP, lo que significaría que los implicados podrían acceder a penas menores (5-8 años) y alternativas a las contempladas en la justicia ordinaria por el delito de Concierto para Delinquir Agravado.

No es claro para los y las colombianas como es que la corrupción, el clientelismo y la malversación de fondos en las instituciones “democráticas” adquieren de repente un carácter político, cuando no son más que delitos comunes cometidos por quiénes se supone, deben garantizar los derechos de la sociedad.

Lo mismo sucede con la parapolítica. Después de que la oligarquía durante años ha tratado de esconder la relación de las instituciones con el paramilitarismo – relación que pervive en la actualidad- , ahora pretende aceptarla tajantemente con el fin de incluirla en la jurisdicción y ganar penas alternativas por conductas altamente repudiables por la sociedad colombiana. Es así que congresistas con investigaciones abiertas en la actualidad por parapolítica, que de comprobarse su relación podrían pagar de 20 a 40 años de cárcel, buscan someterse a esta normativa para recibir penas menores y alternativas.

Lo que se evidencia en estas conductas es el miedo que tiene la oligarquía a su propia crisis de gobernabilidad. El desfalco y la mentira a los colombianos ha sido tan grande que poco a poco la verdad sale a la luz, desmoronando su legitimidad en múltiples niveles, por lo que el régimen tiene que buscar mecanismos que le permitan esconder sus crímenes para permanecer en el poder. Lo irónico de esta situación, es que el conflicto armado que la oligarquía se negó a reconocer bajo la idea de que en Colombia no había mas que una amenaza terrorista, ahora le sirve para justificar como “políticos” sus delitos.

También es irónico que se quiera politizar la corrupción en el marco del conflicto, pero a las discusiones sobre las transformaciones que necesita el país, el cambio de la doctrina militar y la discusión sobre el modelo económico se les quite su carácter político, aduciendo que son discusiones que “afectan la esencia misma de la democracia colombiana y que no están ligadas al conflicto”.

En definitiva, para el Estado colombiano es político lo que en tiempos de solución política le conviene a la clase que lo dirige, haciendo todo lo que esté a su alcance para limpiar su nombre a costa de la justicia, mientras sigue señalando como lineas rojas las reivindicaciones del pueblo; ese es el carácter de la “democracia hecha en Colombia”.

Por ello es urgente que las mayorias comprendan que solo con su lucha y participación protagónica en el Proceso de Paz, se podrán abrir las compuertas, que superen los lastres de impunidad dentro de los que se cubre la clase gobernante.

Colombia. La búsqueda de personas en Antioquia: ¿Efectiva la implementación del acuerdo de la Habana?

Por Maria Fernanda Quintero

El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado como punto central del punto 5: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado en la mesa de la Habana entre el Gobierno y las FARC.

image_content_28079093_20170218175410-300x189

El  Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado  como  punto  central del punto 5: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado en la mesa de la Habana entre el Gobierno y las FARC, el cual  ya  tiene sus inicios concretos para efectos sobre el esclarecimiento de los  desaparecidos.[2]

A mi modo de ver, cuatro ejes importantes acorde con  lo pactado  en la Mesa de la Habana,  se hace  posible un trayecto en  el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos en Colombia.

  1. El territorio– identificación de espacios geográficos de desapariciones e identidades
  2. Las instituciones gubernamentales: el municipio e instituciones del gobierno como Instituto de Medicina Legal y fiscalía en la búsqueda de los desaparecidos
  3. Las Víctimas: memoria,  lugar y espacio vivido de los  desaparecidos en coordinación con las instituciones del Estado.
  4. Justicia Restaurativa: la responsabilidad histórica del Estado e implicados hacia una reparación individual y colectiva a las familias y a la memoria-presente de

Como trabajo metodológico y en respuesta al  “Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos” promovido desde la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc,  se ha dado inicio en el Departamento de Antioquia conjuntamente, un trabajo integral y consensuado entre el Instituto Nacional de Medicina Legal, la  Fiscalía y los familiares de víctimas, bajo el trabajo del grupo de N.N., lofoscopia de rastreo y documentación a través de las necrodactilias de los cuerpos sin identificar del Jardín Cementerio Universal. Bajo esta implementación se  realizará el esclarecimiento de 125 personas sobre 130 personas por desaparición forzada, que se exhumarán en el mes de Marzo de 2017 y las cuales se encuentran en el Cementerio  Central en Fosas comunes.[3]

Esta búsqueda se le ha denominado “Plan Cementerio”, donde se busca intervenir los camposantos en los que se conservan, según diversos organismo de Derechos  Humanos existen más de 75  miles personas desaparecidas  en todo el territorio a causa del conflicto armado colombiano, esta cifra está en contraposición con los datos registrados por la Unidad  para las Víctimas, la cual señala que hasta ahora están registradas 47.474  víctimas por desaparición entre los años 1977 y 2015.

Para una memoria colectiva: buscar y encontrar.

En Colombia los familiares  de las víctimas, sufren por no saber dónde están sus seres queridos, indígenas, campesinos, afros, mestizos, los cuales fueron asesinados y desaparecidos en el horror de un conflicto armado. La memoria colectiva e histórica, implica un ejercicio permanente, gradual basado en una pedagogía  cotidiana y  política sobre lo que ocurrió en Colombia. El tema de la  NO repetición está muy lejos, pues llevamos más de cinco (5) décadas de genocidio y exterminio en América Latina, lo cual se  sigue perpetrando  como mecanismo de  eliminación y exterminio de poblaciones enteras bajo regímenes autoritarios y represores  amparados de manera sinuosas bajo “democracias crematísticas”[4]  que de democracia incluyentes de ser, aún están lejos en este tiempo presente. El siglo XX esta adherido, aún en este  tiempo-operativo no se ha despegado de los acontecimientos de exterminio, la historia de manera cerril se extiende y los sucesos  giratorios  aún se conservan donde los  ciudadanos están al paso  del tiempo y no viceversa, por ello aún la muerte como política de Estado ronda.[5] En Colombia sus ciudadanos no se liberan aún del asecho del exterminio  ruin de un sistema que parece como Democracia, pero que  permanece como agua estancada.

¿Cuántas exhumaciones se  han realizado en el año 2016?

En el año 2016 esta metodología implementada denominada “Plan Cementerio, se han reportado 311 restos exhumados en cementerios de Nariño y Santander, Huila, Chocó y Antioquia, de por sí muy buena la intención, pero esta suma es verdaderamente  irrisoria ante el semejante horror que aún se vive por el  esclarecimiento de la verdad.  Es buena la voluntad, pero falta celeridad,  se requiere que los municipios y sus gobernantes de todo el país  sean incluyentes  y estén más comprometidos con la  búsqueda de las personas desaparecidas  en los diversos espacios geográficos. En esta dinámica territorial para el esclarecimiento sobre esos “espacios de fosas comunes” se  tiene un soporte acorde con la metodología implementada por el acuerdo de la Habana que hoy se inicia hacia los territorios  en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, Oriente de Antioquia, y en la población de Marsella- Risaralda.

En ese contexto territorial, se posibilita  una  memoria colectiva e histórica, siendo  claro y esperanzador los acuerdos  con las FARC-EP y actualmente  el iniciático proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en  su debido curso. Lo más importante es  avanzar  hacia una sociedad que insiste en la Paz y el compromiso de un Estado. Sin duda, el gran reto grande es vencer la  violencia  domesticadora  de un Estado y las formas de hiper –guerra  desde los ámbitos institucionales. Es un desafío grande, hacia los miles de ciudadanos, de generaciones distintas que se decidan a explorar y entrar en  una conciencia histórica, bajo una pedagogía cotidiana y  política sobre lo  que ocurrió en Colombia y de otro lado, un camino para avanzar  hacia una verdadera justicia restaurativa en medio de  una institucionalización  que es  represora en medio de un proceso en Paz, bajo una hiper-guerra exterminando ciudadanos. Actualmente, existen en esta memoria colectiva,  136 líderes asesinados  en medio de este proceso de Paz, donde ya se cuestiona el galardón de un Premio Noble de Paz dado al presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto señor lector – ¿Hasta cuándo soportar  tanta ignominia? ¿Cómo avanzar en una pedagogía cotidiana y política para que miles de ciudadanos, generacionalmente se sumen ante el dolor de los miles de desaparecidos en Colombia? ¿Qué le espera a este presente si, los ciudadanos no son capaces de asumirse bajo una memoria histórica y política?  ¿Cómo derrotar los vínculos de la guerra en medio  de un proceso de Paz?

Por: María Fernanda Quintero Alzate[1]

Fuente de Imagen: Periódico El colombiano

[1] Geógrafa, investigadora social, articulista.

[2] Ver al Web:  http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html

[3] Verla nota periodística en El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/desaparecidos-del-cementerio-universal-de-medellin-FF5979564

[4] Ver sobre ello “ La República”  de Platón, en la  sección página 467- 480 la disertación  sobre Democracia

[5] Ver sobre ello el análisis del tiempo presente  en la  obra del filósofo  Giorgio  Agamben: Cartas a Pablo, El Tiempo que resta”.

http://kaosenlared.net/colombia-la-busqueda-de-personas-en-antioquia-efectiva-la-implementacion-del-acuerdo-de-la-habana/

Odebrecht y la corrupción “made in Colombia”

Revista Insurreción

El 2017 inicio con lo que podría llegar a ser el mas grande escándalo de corrupción mundial con una astronómica cifra de 3.336 millones de dolares; el caso Odebrecht está lleno de multimillonarios sobornos, desfalcos de gran escala y detrimento del patrimonio publico, manipulación y trafico de influencias en Brasil Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Angola, Ecuador, Argentina, Guatemala, México, Mozanbique y, con el fin de hacerse a millonarios contratos en estos países.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos “Entre 2001 y 2016, Odebrecht y sus socios conspiraron de manera corrupta para repartir centenares de millones de dólares y otros valores en beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y sus dirigentes, así como de candidatos de partidos políticos extranjeros para asegurar una ventaja ilegal e influencia sobre ellos para obtener ganancias y negocios en varios países”.

Para el caso de Colombia las investigaciones preliminares señalan unos US$ 11,1 millones pagados en sobornos que le permitieron a Odebrecht lograr utilidades por mas de 50 millones de dólares en los dos negocios identificados hasta el momento: la concesión del tramo II de la Ruta del Sol en el segundo gobierno de Álvaro Uribe (2009) y una adición a este megaproyecto en el 2014, en la administración de Juan Manuel Santos.

Por estos casos se encuentra preso el exviceministro Gabriel García Morales quien acepto recibir 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II, entregado en el 2009 y tasado en 2,4 billones de pesos y esta dispuesto a revelar como se repartió este dinero y que otros funcionarios están involucrados (cabe resaltar que esto no lo hace por colaborar con la justicia y la verdad, simplemente es un negocio mas de información por mejores condiciones a la hora de ser condenado).

En el marco de las investigaciones fue capturado el exsenador Otto Bula Bula hombre de confianza y sucesor de Mario Uribe luego de su destitución por vínculos con el paramilitarismo. Bula es señalado de presionar la aprobación de la transversal Ocaña-Gamarra, que se le adicionó al contrato original de la ruta del sol II que terminó favoreciendo a la multinacional con mayores ingresos, anticipos y costos de los peajes.

La investigación afirma que figuraba como “Buldózer” en los archivos de Odebrecht y era el encargado de hacer lobby en la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) servicios por los que recibió un soborno de 4,6 millones de dolares. Aunque el exsenador no aceptó cargos luego de su captura, tuvo que hacerlo días después en busca de acuerdos y privilegios por sus delaciones.

Como si fuera poco el escandalo de la contratación y los sobornos a esta historia se le suma el capitulo de la financiación indebida de campañas políticas y una vez mas Colombia es salpicada por las revelaciones de la revista brasileña Vaja y las declaraciones ante la justicia de ese país del publicista Eduardo Duda Mendoca cuyos servicios estaban a favor de Odebrecht sobre la intervención en las elecciones lo que él denomina “El dinero sucio en la campaña de Colombia”

Mendoça sostiene que en 2014 un ejecutivo de Odebrecht Sao Paulo hizo el contacto entre él y la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que quería contratar sus servicios; asegura que se reunió en Sao Paulo con David Zuluaga hijo del candidato y gerente de la campaña presidencial, y con un director de Odebrecht. En esa reunión se presentó una propuesta por 4,3 millones de dólares, que la campaña de Zuluaga no acepto por considerar un gasto muy elevado pero como por arte de magia Odebrecht se ofreció a pagarla por medio de depósitos en cuentas bancarias en el exterior. Según el publicista la constructora sólo le transfirió 1,6 millones de dólares.

Según el excandidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga fue Daniel García Arizabaleta antiguo jefe de invías que tras ser destituido e inhabilitado por falsificar títulos académicos terminó trabajando como asesor para Odebrecht quien conectó su campaña con el publicista y estratega político Eduardo Duda Mendoça y no hay nada irregular en su contratación; dice Zuluaga que no es responsable de los pagos que la multinacional le hizo a Duda Mendoça, sin embargo, en este mundo de “influencias” y “favores a cambio de” ¿sera posible que no exista ninguna relación entre los pagos de la multinacional a un publicista y una posible ficha adeudada en la presidencia de un país como Colombia? La respuesta no es difícil de imaginar pero esto apenas empieza y muchas verdades mas faltan por revelarse.

A esto se le suma el testimonio de Otto Bula sobre la financiación de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Según el ex funcionario, a la campaña Santos Presidente también entró dinero de Odebrecht, dinero entregado en una reunión de negocios en la ciudad de Bogotá. El fiscal General de la Nación, se limitó a decir que este es un simple testimonio sin ningún sustento, después de realizar un anuncio que generó escándalo nacional. Ante esto el Consejo Nacional Electoral se pronunció, asegurando la pronta investigación de las dos campañas políticas, evidenciando una vez mas que de la corrupción, en la clase política tradicional nadie se salva.

La corrupción es uno de los males mas grandes que padece el mundo de hoy, parece que el merito, la responsabilidad y el compromiso en el cumplimiento de las funciones establecidas o acordadas para cualquiera que sea el cargo tanto en la esfera publica o privada no es una prioridad. El mundo de hoy funciona bajo la ley de la coima, el serrucho, el que hay para mi, la trampa, los contactos, la palanca; el soborno puede llamarse de muchas formas pero en definitiva es una fina telaraña que usan los ricos para robar.

Colombia como tristemente era de esperarse no es ajena a este fenómeno y si que menos podría decirse novata en el tema, así el Estado pretenda con una gran campaña publicitaria en contra de la corrupción y de la mano del escandalo de Odebrecht que olvidemos a los hermanos Nule y Samuel Moreno, la quiebra de Salucoop y Cafesalud, la venta de Isagen, Interbolsa y la situación del Cerrejón o Reficar por mencionar solo algunos de la larga lista de robos a los colombianos. La corrupción no ha venido de otros países sino que por el contrario es la marca inseparable de los “políticos” tradicionales y los empresarios mas “respetados” a la hora de gobernar y hacer negocios. Es hora de reclamar a estos falsos lideres por tantos años de robos, por la exclusión que practican y la miseria que han causado; esto solo será posible con la fuerza de la participación protagónica de la sociedad como primer paso en la recuperación del poder para el pueblo pues solo de esta manera se verán realmente representados sus intereses en las altas esferas del gobierno y la politica.

Implementación del acuerdo de paz a marchas forzadas en Colombia (pdf)

Implementación del acuerdo de paz a marchas forzadas en Colombia
Laura Vanegas

https://www.rebelion.org/

Los niños y la guerra

El Espectador
El caso de los niños en la guerrilla se ha convertido en la última marcha publicitaria contra ella. Apelan a cualquier argumento, fotografía, testimonio para disparar juicios y prejuicios sobre una premisa: Los niños son niños y deben estudiar, jugar y soñar. La convención de NN. UU. sobre Derechos del niño debió ser redactada por un grupo académico de personas de la tercera edad nacidas en países desarrollados y ricos, donde el desempleo es bajo, la escolaridad alta y hay miles de parques, gimnasios y campos deportivos. Los niños en esos países trabajaron durante siglos cuidando ovejas, hilando telas, limpiando máquinas y, claro está, siendo carne de cañón en sus interminables guerras, para llegar a ese estado de civilización implícito en la norma: Niño es el que tiene menos de 18 años.

En Colombia, yo fui niño –según el código– hasta cuando cumplí 21 años, pero desde los 15 tenía vellos, músculos en las piernas y ganas de comerme el mundo. Los muchachos de la vereda donde nací trabajaban en sus fincas desde los 12 años: apartaban vacas, ordeñaban, sacaban papa, levantaban cercas. A los 16 eran hombres hechos y derechos: cargaban mulas con bultos de cinco arrobas, enlazaban reses y las apegaban al botalón, y tumbaban árboles a hachazo limpio. Las muchachas son adultas desde que pueden tener niños. Los campesinos no nacen bebés sino niños y nunca saben quién es Santa Claus ni tienen tablet; son adultos desde que pueden ganarse un jornal. El mismo expresidente Pastrana, tan conservador y pendenciero, ha pedido muchas veces que la mayoría de edad se reconozca a los 16 años cumplidos.

No es fácil entender mirando televisión que los guerrilleros colombianos son en su gran mayoría campesinos y para más veras, colonos; que su mundo es una vereda o una trocha, que su vida es el trabajo físico, y su gente, su familia. La guerra los ha arrastrado. Les ha cambiado la rula por el fusil, el padre por el comandante, la madre por un ideal. Los niños no se hacen guerrilleros a la fuerza, su mundo se vuelve guerrillero y ellos en él, ocupan el lugar que les toca. A la guerrilla no le interesa cargar más peso del que tiene que echarse a los hombros y un niño en un combate es un fardo. Hay niños y niñas cuyo único refugio amoroso son sus hermanos mayores guerrilleros; los admiran y quieren ser como ellos. Y en lugar de hacer mandados en su casa, buscan las filas para hacerse grandes. A muchos padres conviene porque un hijo guerrillero es el acceso a un órgano poderoso. El esfuerzo físico para un muchacho no es un castigo, es una condición en que despliega su cuerpo, sus músculos, su personalidad. Una marcha de 12 horas con 25 kilos de equipo y un fusil es la evidencia de que se es adulto, aun teniendo 16 años, así como lo es en “la civil” tumbar una hectárea de monte para echarle candela.

En las zonas donde el Estado sólo muestra los dientes, donde ir a la escuela es mermar la fuerza para sobrevivir, la guerrilla ha sido un agente civilizador y lo es también para la muchachada que termina bachillerato y tiene dos caminos: el del ocio forzado y el vicio, y el del ingreso a las filas guerrilleras. A veces encuentra atractivas las organizaciones sicariales o paramilitares. En la guerrilla los pelaos encuentran una razón de vivir, así los ideales sean para ellos tan aéreos.

¿Qué futuro inmediato les ofrece el Estado con la paz? ¿Ponerse en manos de una institución autoritaria, fría, incapaz de controlar la corrupción, el bazuco, el matoneo, como lo es Bienestar Familiar? ¿Retornar a su familia, que está en gran parte en las zonas campamentarias? ¿Y qué hacer con los niños que nacieron en la guerrilla o en sus zonas de influencia y crecieron con madres sustitutas, vinculadas a la organización? ¿Con qué argumento moral los reclama ahora un Estado que siempre los ha ignorado y abandonado?

Detrás del reclamo de los niños guerrilleros hay un fariseísmo tronante. Se ha hecho pensar a la opinión pública que fueron raptados, secuestrados, obligados a convertirse en máquinas de matar. Nada de eso es cierto. Los guerrilleros lo son por ser campesinos y seguirán siéndolo si se aclimata la paz. Si se trata de reconciliarnos, empecemos por decirnos la verdad y mirarla sin miedo.

Fuente original: http://www.elespectador.com/opinion/los-ninos-y-la-guerra-columna-679412

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222955

Colombia. Carta de una prisionera.

pris-620x394

Resumen Latinoamericano / 14 de Feb 2017 .-

Lida Urrrego es Prisionera en la carcel Las Mercedes de Montería, tiene a su hija de dos años viviendo con ella. En pocos días separaran a Lida de su hija.

 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/02/14/colombia-carta-de-una-prisionera/

Colombia. ELN: Los Retos de la Fase Pública

Por ELN Voces

art-1-300x188

Colombianas, colombianos, luego de una larga batalla política de complejas discusiones que tenía como fin elaborar una agenda u hoja de ruta, e instalar una Fase Pública, dicha batalla supera una primera etapa el pasado 7 de Febrero en la hermana República de Ecuador, por lo que le reconocemos al presidente Correa, a su pueblo y a su gobierno nuestro infinito agradecimiento.

El Ejército de Liberación Nacional tiene claro que la instalación de la Fase pública ha sido posible por el compromiso de las partes, pero en tal logro ha sido fundamental el esfuerzo de millones de colombianas y colombianos, así como de diversas expresiones de la Comunidad Internacional, destacándose los seis Países Garantes, que desde el inicio de estos diálogos, jugaron importante rol, para que hoy haya Mesa Pública instalada y cinco países de Apoyo, Acompañamiento y Colaboración, quienes recientemente se vinculan a este proceso.

Destacamos el significado que tiene el que varias sedes de las pasadas y futuras discusiones hayan sido y sigan siendo en países limítrofes con Colombia, dado que ellos han sido afectados por este conflicto social y armado. Además, esta cercanía facilita la Participación de la sociedad en este proceso, que es transversal al mismo y ello obliga a una constante interacción de la sociedad con la Mesa.

Ahora sigue una nueva etapa de esta importante batalla política; abordar las discusiones y concretar acuerdos sobre los contenidos de la agenda en los que participe de manera protagónica la sociedad colombiana, así como el aporte con mayor realce de la Comunidad Internacional.

Las intervención de los Delegados de las partes en la instalación de la Mesa el pasado 7 del mes en curso, deja claro que cada una tenemos propósitos distintos, énfasis diferentes y valoramos el tiempo con criterios que no son coincidentes.

No podía ser de otra manera, estamos en la mesa dos adversarios que nos hemos enfrentado a muerte hace más de medio siglo, donde unos han detentado el poder desde siempre y los otros no encontramos otra manera de luchar por el poder para el pueblo que levantarnos en armas, asumiendo el legítimo derecho a la Rebelión.

En el discurso gubernamental se mantiene la pretensión de hacer exigencias unilaterales, de limitar y burlar la participación de la sociedad; de eludir la responsabilidad estatal en el genocidio, encubriendo con la impunidad los criminales de guerra y de mantener su régimen de exclusión, privilegios y represión.

Es por ello, y porque hasta ahora no vemos clara la voluntad de paz ni del gobierno, ni de la clase en el poder, que le seguimos dando a nuestra participación en el proceso un carácter EXPLORATORIO.

El tamaño y carácter de las diferencias es tal que aún no encontramos el punto medio que permita avanzar. Si sólo acotar una agenda de titulares nos ha llevado 4 años, ¿cuántos nos llevará hacer acuerdos para ver clara la perspectiva de una Colombia con cambios y transformaciones, donde la democracia esté al centro y se saque la violencia de la política?

¿Cuándo va a reconocer la clase en el poder que las guerrillas surgidas en la década de los 60’s tienen un carácter eminentemente político y no terrorista? Este reconocimiento sería un verdadero aporte al proceso de paz.

Expresar nuestra satisfacción por la instalación de la Mesa Pública el pasado 7 de febrero, no puede llevarnos a desconocer las difíciles condiciones que se viven en el país, que lejos de superarse, se deterioran, como es la continuidad de la guerra abierta y encubierta contra la oposición social y política.

¿Cómo desconocer que las recientes denuncias de penetración de dineros foráneos e ilegales a las campañas presidenciales de los partidos tradicionales, tanto del uribismo como del santismo, además de hacer evidente la corrupción de quienes gobiernan, aumenta las riñas tendenciosas aprovechadas de manera politiquera de cara a las próximas elecciones? De esa manera pretenden restar esfuerzos para la organización de las mayorías en el proceso de paz, en una constante manipulación mediática.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los interesados en la paz de Colombia, a no dejarse confundir, a asumir su propia organización y extender su esfuerzo para motivar y organizar a los millones de compatriotas marginados de la urgente acción política de las mayorías, con posturas críticas al régimen político impuesto por las oligarquías.

Hoy es urgente que todas las fuerzas políticas democráticas y de izquierda se vinculen al proceso de participación de la sociedad, abrazados por el criterio de Camilo de tomar todo aquello que nos une.

Esta Fase Pública está al servicio de la sociedad, es la oportunidad para generar un nuevo momento político en Colombia, donde se posibilite un Gran Diálogo Nacional para debatir las problemáticas que afectan al país y se busquen las alternativas que favorezcan a las mayorías; sólo así será posible comenzar a construir las transformaciones que hagan posible una paz con justicia social y ambiental.

Es la hora de la unión del pueblo y la nación para la movilización y el debate. No podemos permitir que la oligarquía vuelva a frustrar este proceso de participación democrático que se abre. Este es el urgente llamado del ELN, porque solo así se alcanzará la paz con cambios, que es la paz de las mayorías, como lo reiteraron los comandantes y sacerdotes guerrilleros Manuel Pérez y Camilo Torres, a quienes estamos rindiendo un profundo homenaje ante un nuevo aniversario de su fallecimiento y muerte en combate, los próximos 14 y 15 de febrero.

Fuente: https://www.eln-voces.com/index.php/editorial-insu/976-los-retos-de-la-fase-publica

http://kaosenlared.net/colombia-eln-los-retos-de-la-fase-publica/

La bellaquería de nuestros tiempos

Al momento de escribir esta nota sobre los males de nuestros tiempos, llego de repente una de las sabias reflexiones que ha hecho uno de los mejores escritores de la región William Ospina “La historia, que algunos ven como un ineluctable avance hacia mejor, como un relato de mejoramiento y progreso, ha sido a menudo una cadena de atrocidades, aquí y allá contrariada por algunos destellos de nobleza, de inteligencia y de gracia” y tiene mucha razón cuando miramos lentamente los grandes problemas que se viven en la tierra de macondo.

Empecemos con la desgracia que vivimos constantemente, y los medios de comunicación han hecho que el ciudadano de abajo la asuma como una fatalidad. Resulta ser la lucha política de las elites colombianas. Por un lado, el bando del Santismo y por otro el Uribismo un fenómeno coyuntural que ha tomado fuerza al punto de fragmentar los diarios, espacios, discusiones y asuntos internos en las instituciones.

Un claro ejemplo lo encontramos en las siguientes situaciones: la privatización del Rio Magdalena, los primeros concesionan, los segundos ejecutan y los terceros es decir los ciudadanos más excluidos asumen las consecuencias: los daños ambientales la pérdida de las tradiciones, el conflicto de intereses y el choque abisma frente a las comunidades rivereñas. Igualmente, el caso de Reficar, que sería la primera refinería con más sobrecostos de la historia, curiosamente ha sido la única donde el gobierno reconoce los errores pero al interior de la empresa continua los desfalcos de corrupción y los pésimos manejos administrativos. Véase: http://www.elespectador.com/noticias/economia/reficar-el-desfalco-del-siglo-articulo-669285

Sin embargo, la bellaquería de nuestros tiempos continúa con la famosa aparición de Odebrecht. Un caso muy particular donde el gobierno presta cifras millonarias a particulares y empresas privadas. Teniendo como referencia que es un préstamo con intereses bajo de lo normal, mientras que a los campesinos, a las pequeñas empresas agrícolas y los pequeños productores los créditos resultan ser altos, la ejecución es tardía pero el cobro es oportuno. Algo muy común de las instituciones en Colombia recompensar a los bandidos de corbata y perjudicar a las clases más desfavorecidas. Esto nos permite pensar porque el campesinado del país vive en medio de la incertidumbre sino es el ambiente, son los bancos, y si pareciera poco la misma clase política que lo ha utilizado como un instrumento al servicio de la corrupción.

En efecto, uno de los grandes problemas de las sociedades latinoamericanas es la corrupción. La realidad colombiana no se aleja de esta situación, sucede en las universidades, las fuerzas militares, los bancos, las organizaciones civiles entre otros. Lo paradójico del asunto es que mientras el gobierno vocifera una “paz estable y duradera” en algunas zonas veredales no han llegado los recursos, ni la instalación de los cambuches y si pareciera poco los anillos de seguridad son frágiles, esto demuestra la falta de compromiso y seriedad en un momento tan frágil que vivimos. Véase: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/videos/video-301387-embarrada-del-gobierno-en-el-oso

Por supuesto, es necesario seguir pensando en la modernización de nuestras instituciones, el combate sobre la corrupción, los proceso comunitarios y el quiebre de la cultura política elitista que tanto han impregnado la cotidianidad. Se nos ha hecho común ver un Uribe, Santos, Pastrana, Gaviria, Samper entre otros, haciendo de las mismas y de diferentes formas pero con grandes daños. Y lo más complejo es saber que gran parte de la sociedad colombiana se acostumbra a vivir en medio de estos problemas.

En conclusión, la discusión continúa en seguir dejando que nos contaminen los ríos con el cianuro, nos sigan metiendo cuentos inauditos sobre las bondades de la minería, y si fuera poco persista la privatización de nuestros ríos, selvas y ecosistemas. Hasta donde ha llegado nuestra época, una marcada por la bellaquería de un tipo de élite corrupta y criolla, esos mismos que nos impusieron la guerra, y ahora se atreven a mentirnos sobre la paz. Sería justo resaltar este bello fragmento “hasta que muera la esperanza, nos daremos cuenta que es muy tarde para seguir creyendo en lo que realmente era justo”.

José Javier Capera Figueroa es Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista político y columnista del Periódico el Nuevo Día (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelión.org (España).

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222903

Colombia. En sólo 48 horas atentan contra dos dirigentes del Congreso de los Pueblos y otros movimientos

b2817edf79750dc373157d782cce30ec_l-300x175

Por Congreso de los Pueblos de Colombia

El Congreso de los Pueblos denuncia ante la comunidad nacional e internacional los recientes hechos en contra de la vida y la integridad física de sus integrantes ocurridos en varios departamentos de Colombia.

Alertamos a las autoridades sobre los recientes hechos contra la vida e integridad física de los integrantes del Congreso de los Pueblos. En tan solo 48 horas han ocurrido dos atentados y varias amenazas en distintos departamentos del país:

– El día 09 de febrero de 2017 el dirigente sindical ALFONSO BARÓN fue víctima de un atentado contra su vida en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar.

– En el departamento del Cauca, el 9 de febrero, en horas de la noche, se conocieron dos panfletos amenazantes provenientes de las Águilas Negras contra organizaciones sociales de este departamento dentro de las cuales se encuentran organizaciones del Congreso de los Pueblos.

– El mismo 9 de febrero, en el municipio del Tambo, Cauca, circuló un panfleto de las Águilas Negras, en el cual amenazan de muerte a DANIEL ULCUE, líder campesino de la Asociación Campesina y Ambiental de Playa Rica, y Líder campesino del Coordinador Nacional Agrario-CNA.

– El día de ayer 11 febrero, el compañero CARLOS JAIR TRUJILLO, fue víctima de un atentado con arma de fuego en hechos ocurridos en el municipio Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. Mientras el dirigente se encontraba departiendo en la casa de su señora madre un sujeto disparo en repetidas ocasiones hacia dentro de la casa hiriendo en una mano a su esposa. Gracias al apoyo de la comunidad el sujeto emprendió su huida y de manera inmediata se informó al cuadrante de turno.

Estos hechos reafirman que la persecución al movimiento social es generalizada y sistemática y se evidencia la ausencia de garantías reales y la precariedad e inocuidad de las medidas de protección que el gobierno nacional ofrece. Así también lo demuestran los hechos ocurridos en contra del Movimiento social y Político Marcha Patriótica y del movimiento comunal e indígena, sectores que han sido mayoritariamente víctimizados en este periodo de tiempo.

Exigimos del gobierno nacional adoptar medidas integrales de protección y garantías de no repetición que incluyen la depuración de la Fuerza Pública, la remoción, revisión y transformación de la Doctrina Militar con la participación del movimiento social, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el cumplimiento inmediato de los acuerdos que en materia de garantías se han suscrito con el movimiento social.

Así mismo, exigimos del gobierno nacional una respuesta inmediata al movimiento social colombiano sobre su voluntad real y compromiso de garantizar con protección la participación de éste en la construcción de la paz en Colombia.

CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2016

http://kaosenlared.net/colombia-en-solo-48-horas-atentan-contra-dos-dirigentes-del-congreso-de-los-pueblos-y-otros-movimientos/