El derecho a ser pobre o la Renta Básica

Ramiro Pinto

Ramiropinto.es

 

 

Hace unas semanas, durante la presentación del informe sobre la pobreza (XIV informe sobre derechos humanos; Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2017), un representante de la institución del defensor del Pueblo se ofendió porque planteé que en España existe el derecho a ser pobre. Quiso defender su postura contraria a esta afirmación, junto a expertos y académicos de Derecho, sin que pudiera salir del laberinto terminológico de las leyes, situada fuera de la realidad. Tal discurso crea una pantalla conceptual a modo de espejismo, en el que estamos atrapados.

¿Por qué la pobreza es un derecho?, porque no sólo es legal, sino que se establece por decreto ley quién ha de ser pobre. Por mucho que asuste a los bien pensantes de la sociedad del bienestar, sucede cuando se ha establecido que quienes carezcan de empleo y de rentas reciben, en determinadas condiciones, una Renta Mínima de Inserción, valorada muy por debajo del umbral de la pobreza, 435 euros, siendo tal umbral la base mínima para poder sobrevivir. Según indica el Departamento de Estadística Europeo (Euroestat) harían falta doscientos euros más por persona. Mientras que, además, las prestaciones en España son a nivel familiar, de manera que la recibe un miembro por familia y por ende excluye al resto de recibir otros apoyos económicos por parte de las instituciones. Quienes ponen en practica estas prestaciones y los políticos y sindicalistas que las defienden ¿podrían vivir ellos y su familia con esta cantidad de dinero? Fue ésta otra de las preguntas que planteé en aquel debate, sin respuesta.

Es esto el derecho a ser pobre, a lo que las instituciones de defensoría del pueblo y procuradores del común debieran rebelarse y denunciar, pero se limitan a “ceñirse a la ley” y a quejarse de boquilla de que no tienen más competencias. Por ello la necesidad de rebelarse, de denunciar esta atrocidad en la que viven millones de personas cada día en nuestro país, que no pueden hacer otra cosa que vivir el día a día, sin más capacidad, porque el pobre está atado a su condición misma de ser pobre. Pero los que sí pueden desde sus cargos institucionales se limitan a mantener su sueldo y el de la trup que los rodea. No hacen nada efectivo en este sentido, pero permiten que exista la sensación de que instituciones “justas” amparan a quienes nada tienen.

No estamos hablando de una reivindicación utópica, ni que pueda alterar el rigor institucional, sino algo elemental que se establece en el seno de la Unión Europea: la Carta Social, en la que se dicta que no puede haber ningún ciudadano europeo que, ante la falta de medios económicos para vivir, reciba una prestación o pensión, contributiva o no, por debajo de este umbral de la pobreza, que es la cantidad mínima para vivir con las necesidades básicas cubiertas a título individual. El estado español no ha firmado el protocolo, por lo cual no está obligado a su cumplimento. A su vez hace que seis millones de ciudadanas-ciudanos españoles carezca de tener la ciudadanía europea, una especie de “brexit” a la española de la que nadie habla. Y los organismos europeos no hacen nada. ¿A quién interesan los pobres? Ni siquiera a los que ejercen la caridad o la pose de justicia social que usan la palabra “pobreza” para su vanagloria y pomposidad, en unos casos “cristiana” y en otros “solidaria”.

Lo grave de amparar el derecho a ser pobre es que los partidos de la oposición lo aceptan. Simplemente han propuesto recientemente que se aplique tal derecho a cada familia sin recursos. Lo mismo los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que pretenden, de manera infame, que tales ayudas sigan siendo a nivel familiar y por ley inferiores a la posibilidad de sobrevivir. Al mismo tiempo se hace cada vez más extensa la pobreza laboral, ya que ganando el salario mínimo para una familia no cubre sus gastos básicos para sobrevivir. Pero siguen clamando por el salario digno cuando no hay empleo y sigue creciendo el que es temporal y mal pagado.

Este tipo de prestaciones insuficientes sirven, además, de coacción a los trabajadores para propiciar que acepten las condiciones, cada vez más restrictivas, de los derechos laborales. Quienes pretenden el derecho a la pobreza y lo imponen lo hacen desde organizaciones e instituciones subvencionadas con dinero público, que retribuye a sus dirigentes con salarios de lujo, de 3.000 euros para arriba.

No es nuevo este fenómeno. Víctor Hugo, en su novela “Los miserables”, escribe: “Esta lucha entre el derecho y el hecho dura desde los orígenes de las sociedades. Terminar este duelo, amalgamarla idea pura con la realidad humana, hace penetrar pacíficamente el derecho en el hecho y el hecho en el derecho, es el trabajo de los sabios. Pero ése es el trabajo de los sabios y otro el de los hábiles”.

Los hábiles son los políticos y funcionarios, los sindicalistas y activista apoltronados, que permiten y propugnan sin pudor alguno que haya pobres por decreto ley y lo camuflan hablando de la pobreza, cuando ésta no existe y así pueden lamentarse, porque lo que existe en realidad son los pobres: individuos de carne y hueso, que viven situaciones concretas. El pobre es pobre y carece por ello de medios de vida. Pero la pobreza se puede desdoblar, como hacen los “hábiles” en “pobrezas” relativas: pobreza energética, pobreza de acceso a internet, de vivienda, de que les cortan el agua, pobreza cultural, lo cual da mucho de qué hablar y de esta manera engañan hábilmente a la opinión pública,haciendo que hacen algo contra “la pobreza”, entre otros cosas informes y propuestas, declaraciones y poses que cacarean en la prensa con medidas parciales, las cuales para nada tienen en cuenta al pobre, sino a la palabra “pobre”. Y además les sirve para difamar propuestas como la Renta Básica, mientras que defienden el derecho al trabajo, cuando tal derecho no existe si no hay empleos suficientes.

Pobre ese quien carece de medios suficientes para vivir. Tan sencillo como esto, que es lo que hay que abordar. ¿Con trabajo? Cuando éste es escaso y la sociedad produce bienes en abundancia gracias a la tecnología, lo que necesita el parado es el salario correspondiente al trabajo, y cuando existe suficiente riqueza, pero no la capacidad de usar más mano de obra, es preciso ofrecer por derecho los medios económicos necesarios a cada persona para sobrevivir. Es curioso que se aumenta el presupuesto de Defensa (2017) ante el peligro de un ataque externo y es el propio gobierno quien ataca a su pueblo condenando, a una parte del mismo, con su política económica y medidas sociales a la pobreza extrema.

La ciudadanía está desamparada porque las instituciones y organismos en los que se representa  la voluntad popular dan la espalda a los problemas reales y concretos de la gente, pues el mecanismo del Poder para controlar a estos “hábiles” no es pagar la labor de los políticos por su “trabajo”, igual que a  directores generales colocados a dedo y asesores idem, como pretenden hacer ver. No cobran un salario por el trabajo que hacen, sino que reciben una retribución por vender sus voluntades al convertir sus cargos en mercancías, las cuales son sus decisiones y propuestas, que son las que tienen un precio, pero no un valor como fuerza de trabajo por una determinada labor. La política como mercancía consiste en negociar privilegios y denunciar la pobreza en abstracto de manera propagandística y llorar la injusticia y la desigualdad con lágrimas de cocodrilo.

Por ejemplo: cuando las anteriores elecciones, las primeras que luego se repitieron (26 de junio, 2016), hubo un voto mayoritario a favor de un cambio social de izquierdas, con la posibilidad real de lograr, al menos, algunas trasformaciones políticas y económicas, facilitar un nuevo consenso para resolver los problemas desde una mayor igualdad y libertad. Ninguna fuerza de “izquierdas” o del “cambio” planteó un pacto para que no haya pobres. Ni siquiera contra la pobreza, por si acaso. El eje de la negociación iba a ser para Podemos, por ejemplo, el referéndum para la independencia de Catalunya. ¿Y no otras consultas al pueblo: modelo energético, sueldo de los diputados autonómicos y nacionales, sobre la ley electoral, etc? O el reparto de cargos sin más el PSOE.

Posteriormente Podemos en su negociación con el PSOE para un posible gobierno de coalición puso sobre la mesa bajar en cien euros las cuantías de las ayudas sociales a las personas en paro y sin recursos, porque el PSOE propuso en su programa que los parados fueran pobres por ley. Han acabado convertidos en sus propias arenas movedizas, como lo que Manuel Vázquez Montalbán escribió en su novela “Los mares del sur”: Víctimas de un mediocre y fatal viaje de la pobreza a la nada.

Todos los programas de los partidos con representación parlamentaria tienen propuestas con las que legislar para que haya pobres, también los del cambio en las instituciones que gobiernan, con políticas sociales nimias para extender la pobreza, ejerciendo así el derecho establecido a ser pobre.

Señalemos un ejemplo que lo hace visible, aunque no se quiera ver. El PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo por el cual han aprobado dedicar una partida de 10 millones de euros en los ayuntamientos que gobiernan en coalición para contratar a quienes cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI), 435 euros. ¿Por qué no a quienes no cobran ni siquiera estas ayudas? El truco está en que como ya pagan tales ayudas con dinero público, van a hacer contratos laborales por 200 euros. Una familia con tres miembros va a ganar lo mínimo que establece la Carta Social para una sola persona. Como las ayudas sociales son por familia sólo se podrá contratar a un miembro con esta medida. Y además extienden esta propuesta a empresas privadas que contraten a quienes reciben el SMI, dando 200 euros al empresario por cada trabajador, de manera que la empresa pagará con su dinero únicamente 435 euros para llegar al salario mínimo. Es decir: lo que el Estado no da a los pobres, se lo da a los empresarios en forma de beneficios. Es imposible mayor dislate, y sin embargo se presenta como una propuesta legal y benefactora porque existe el derecho a ser pobre. Pero son tan “hábiles” que los dislates de unos camuflan el de los otros. Los cuales son posibles porque se aplica, insisto, el derecho a ser pobre.

Tal derecho a ser pobre se apoya en el hecho imposible al trabajo. De esta manera no se ve que el dinero que cuesta mantener el Instituto Nacional de Empleo (INEM) permite dar una prestación solvente a cada persona que no cobra ninguna y que carezca de empleo. El alquiler de locales, que en León, por ejemplo, se pagan a un precio desorbitado a un constructor que fue presidente de Cajaespaña, lo que junto a gastos de mantenimiento, salarios a unos pocos frente a los millones que carecen de recursos, gastado para nada: el INEM logra únicamente cubrir el 2% de empleo fijo anualmente. La mayor parte de las ofertas de trabajo pueden recogerse a través de internet. El INEM se ha convertido en una institución de control contra las personas en paro. Por eso se mantiene, porque las medidas contra el paro se han reconvertido a medidas contra lxs trabajadorxs en paro.

El discurso de los “hábiles” consiste en repetir en los medios de comunicación que es mejor una ayuda de 435 euros por familia que nada, como declara reiteradamente Rafael Simancas del PSOE en radios y televisiones. Pero también es mejor dar un euro que nada a cada parado. Tal argumento carece de toda lógica y es perversa porque justifica atrocidades come ésta. O ¿no es mejor matar a tres personas que a siete en un atentado? Tal criterio es absurdo, pero insisten. Incluso lo defienden haciéndose los graciosillos y los benefactores de la sociedad.

Vemos que la Renta Básica actualmente es la base de cualquier otro derecho de facto. Anula el derecho a ser pobre, que podrá ejercer como privilegio quien lo elija por un criterio de ascetismo. El derecho a una vivienda digna que reconoce la Constitución, como el derecho al trabajo, lo serán de hecho con la Renta Básica, sin la cual todo lo demás serán enunciados de principios irreales. Por eso encajan con el concepto de “pobreza”, pero no con el hecho de ser pobre.

El mes de febrero de este año 2017 durante el VII Premio de los Derechos Humanos, celebrado el acto en la universidad de Alcalá de Henares, el rey de España Felipe VI lamentó muy “hábilmente” que “en nuestros días aún sigan ignorados frecuentemente en muchas partes del mundo los derechos humanos”. Se le olvidó decir: incluida España. Y añadió: “son la esencia que permite a cada persona tomar conciencia de su propia dignidad y de cada uno de sus semejantes”.

Sucede que la misma ley se ha separado del derecho, ya no sólo éste del hecho, como dijo Víctor Hugo, sino que al corromperse la sociedad en sus instituciones se ha dado un paso más: Se ha convertido la ley en una herramienta política e ideológica, y ha dejado de serlo de derecho, a lo cual es necesario reaccionar. Veamos algunos ejemplos, que parece que han pasado desapercibidos en este sentido y que afecta a lo que venimos diciendo, porque es el fondo jurídico que hace posible establecer el derecho instrumental de ser pobre. Y, sin embargo, se ve bien.

Es, precisamente, desde la economía, donde se sitúa la hipóstasis del derecho, pues cuando se establezca el derecho a la supervivencia se hará efectivo el derecho a una vivienda digna y al trabajo por cuanto que su consecuencia salarial queda en la parte de necesidad vital cubierta con la Renta Básica. De otra manera los discursos altisonantes de progreso y desarrollo son mera falacia y retórica constitucionalista.

Pero hay que entender qué es lo que ha sucedido respecto a la separación de la ley y del derecho. Al entenderse la ley como un instrumento del gobierno, en lugar de servir para ejercer el derecho, lo que ha venido sucediendo en los últimos años es convertir la legalidad en una herramienta para hacer determinadas políticas o defender ciertos modelos ideológicos, fuera del derecho que debe ser la base de la ley, relación ésta que se ha trastocado.

El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, ha sido conculcado “legalmente” mediante la ley mordaza, pero ya antes con las leyes “contra el terrorismo”, que sin influir en lo que quieren combatir, sirven para un control férreo de la población. Una persona podría tener el derecho a expresar su idea a favor del ejercicio de la violencia como lucha política, por ejemplo. Otra cosa es que lo ejerza, lo cual nos sitúa en el asesinato. Hay postulados que defienden históricamente la lucha armada para imponer un nuevo orden social. En aras a no propagar el terrorismo, sin que tenga nada que ver, se establecen fundamentos como la “incitación al odio” y demás que permiten la censura por ley. Pero se admite porque cada parcela ideológica rebaña para sus postulados.

Una persona debería poder expresar su animadversión contra los homosexuales, o contra las mujeres y criticar el feminismo, pero por la misma razón tampoco lo permite ahora la ley. Se cercena la libertad y se coarta el derecho, mediante una ley instrumental. Una mujer ha sido condenada por hacer chistes sobre el atentado contra Carrero Blanco, que podrán gustar o no, pero bajo ningún concepto coartar la libertad de expresión. Lo mismo con la ley contra la llamada de “violencia de género”que rompe el principio de igualdad frente a la justicia y además diferencia la violencia en tipos, como si unos fueran más permitidos que otros, unos más resarcidos que iguales o equivalentes actos, según quien los sufra. Tal fue la aberración legal que se aplaudió, como la tipificación jurídica de la “violencia verbal”, que se asumió con la finalidad de que disminuyeran los casos de agresiones o ataques mortales contra las mujeres. Sin embargo desde que se implantó dicha ley sucedió lo contrario, pero no se ha cuestionado, sino que se insiste en dotar de más medios la lucha contra la que se planteó la nueva ley. Se justifica cada año diciendo que crece el número de delitos porque hay más denuncias, sin comprender su fracaso.

Todo trae sus consecuencias, pero como dijo Churchill, y antesVoltaire: ”daría media vida por dejar que mi enemigo se exprese libremente, y la otra para combatirlo”. Los deslices de la ley en pro de una causa sin más y sin criterios de derecho, sino propagandísticos, han afectado al derecho mismo y a la libertad con un marco legal cada vez más restrictivo y represor. Lo cual va en aumento.

Analicemos el asunto del derecho con cierta perspectiva histórica: Durante la II República una una diputada socialista, Victoria Kent, pretendió separar el derecho de la ley. Manifestó estar en contra del voto de la mujer, lo cual aun sin que fuera su voluntad, hizo que se reconociera el derecho a la inferioridad de la mujer frente al varón. Hoy nos parece absurdo, un anacronismo y una aberración, que se hizo en pro de valores progresistas y se supone que de “igualdad”. Lo justificó diciendo que “el voto de la mujer queda en manos de los curas y los maridos”. Le hubiera salido mejor querer prohibir los curas y los maridos. Un dislate, que de otra manera se repite hoy igualmente y ampliándose aún a otros muchos campos sociales, políticos y económicos.

La dictadura militar tras el golpe de Estado en España, 1936, cortó por lo sano y suprimió el derecho en sí, creando los ”Principios del Movimiento”, de donde emanaron las nuevas leyes dictatoriales. Y ejercieron otras aprobadas anteriormente, durante la II República, como la ley contra vagos y maleantes, en la que los juristas del dictador incluyeron además a los homosexuales. Pero tal ley fue aceptada previamente a la Dictadura. O nos damos cuenta de lo que está sucediendo, o pongamos las barbas a remojar. Estamos sembrando demasiado viento como para recoger tempestades…

Con el actual marco legal podemos encontrarnos con una situación bochornosa de cara al futuro, pues el derecho a ser pobres es equivalente a legalizar la pena de muerte. No olvidemos qué dijo Martin Luther King, cuando le ley discriminó en la democracia estadounidense a las personas de piel negra: “nunca podremos olvidar que todo lo que Hitler hizo en Alemania fue “legal” y todo lo que hicieron en Hungría los luchadores húngaros por la libertad fue “ilegal”. Hoy el hambre y la necesidad es legal, amparada por instituciones “justas”.

No hay excusa, pues no habiendo empleo suficiente sí hay dinero, a pesar de la deuda que se incrementa a costa de expandir la pobreza, fuera y dentro de nuestras fronteras. El 28 de marzo de 2017, hace poco, el presidente del gobierno de España anunció la aportación de 4.200 millones de euros solamente para infraestructuras en Catalunya, pero obviando que el dinero público es para trabajo público, sin embargo lo pone en manos de empresas privadas, cuyo montante de tal aportación por parte del Estado en gran medida va a parar a los beneficios directos de accionistas y directivos de tales empresas. Los cuales van a generar una sinergia en la economía financiera con la revalorización de sus empresas en el mercado de valores. Con esta misma cantidad de dinero se podría pagar el montante de la Renta Básica a todos los desempleados que hay en España durante un año. Tal dislate de quitar el dinero público a la ciudadanía para dárselo a los grandes inversores, con una eficiencia nula en las obras previstas, es posible porque existe el derecho, de hecho, a ser pobre, el cual se aplica sobre una parte de la población.

El Derecho es un medio, pero un medio técnico de tipo jurídico para el desarrollo de la sociedad fundamentada en la libertad y el respeto entre los ciudadanos a través de un cuerpo legal. No se puede, sin embargo, admitir como un instrumento ideológico, ni de intereses corporativos o económicos como viene sucediendo, al amparo de los organismos institucionales, porque el derecho es un marco previo a la ley, que sin embargo se obvia.

Es necesaria la rebelión institucional, para no admitir el estancamiento legal en modelos de injusticia manifiesta y declarar que se prohíba que haya pobres y menos que lo sean por el ordenamiento jurídico del propio Estado. Incumbe a los políticos, a quienes forman parte de las defensorías del pueblo y a los demás organismos en “favor” del pueblo y del común, por más que se laven las manos. Como indica Angel Latorre, catedrático de la Universidad de Barcelona y magistrado del Tribunal Constitucional: “es un error considerar la justicia como un conjunto de principios estáticos”. Considera además: “la ley es en el mundo moderno el instrumento principal de la reforma social”, pero para ejercer los derechos, no para condicionarlos o coartar su aplicación legal con triquiñuelas que hacen los “hábiles”. Sobre lo cual este catedrático de derecho declara que “la corrupción nunca se acabará porque los partidos políticos no quieren” (2015).

El profesor alemán de derecho R. Stammler (Granada 1922) ya plantea el proceso evolutivo de la ley, en la medida que el ser humano se transforma a lo largo de la vida y de generación en generación. Por lo cual entiende: “el derecho se forma con los deseos, las aspiraciones y el propósitos de los Hombres”. No es algo mecánico que venga dado. El paso del derecho al hecho sucede mediante la ley. La cual deberá establecer el derecho a no ser pobre, porque de lo contrario se impone la pobreza como lacra que tanto se “combate”, ya que nadie elige ser pobre, como tampoco la pena de muerte. John Stuart Mill planea que todas las leyes económicas se pueden alterar por el progreso del adelanto social. Y habría que añadir que también por los avances tecnológicos. Lo que quiere decir que la Renta Básica como derecho económico ha de ser el eje de un nuevo modelo de justicia. No sólo económico o social, sino en general.

Según Hegel la ley es en-sí y para-sí. Por consiguiente construye su esencia misma y su realidad. Si se hace instrumental para algo que no sea ella misma se pervierte.  Es por lo que, entiendo, hay que basar la eliminación de la pobreza en el derecho como tal, en lugar de promover ideas abstractas que se ajustan mediante leyes aprobadas únicamente con fines tácticos desde un punto de vista de la política de los partidos y los intereses de las grandes empresas.

En 1802 este filósofo de la dialéctica escribe “La Constitución de Alemania”, en la que hace una crítica de la actualidad de entonces. Estudia a los economistas ingleses y analiza los debates parlamentarios con minuciosidad. En la obra “Filosofía del derecho” Hegel descubre que la realización jurídica y política del concepto moderno de libertad es posible gracias al desarrollo económico. Con estas mismas pautas es posible añadir la Renta Básica, dos siglos después, como factor clave de los cambios venideros o de lo contrario la sociedad se verá abocada a un camino perverso ya iniciado con el derecho a ser pobre, que es la esclavitud,  modernizada con el amparo de quienes luchan contra la pobreza en abstracto sin tener en consideración a la persona que es pobre y cuya circunstancia es la que hay que solucionar.

 

Fuente: https://ramiropinto.es/2017/04/03/derecho-pobre/

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225224

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